El 1 de julio de 2016, el Consejo de derechos humanos de Naciones Unidas adoptó una resolución sobre salud mental y derechos humanos, liderada por Portugal y Brasil, avalada por 61 estados y potencialmente algunos países más.
La resolución que parte de que "todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos" y reconoce que "estos derechos se derivan de la dignidad inherente a la persona humana".
Recuerda, al mismo tiempo, que la salud "es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades".
La ONU, a través de esta resolución muestra su preocupación porque las "personas con trastornos mentales o discapacidades psicosociales, en particular las personas que utilizan los servicios de salud mental, puedan ser objeto, entre otras cosas, de una discriminación generalizada, estigmas, prejuicios, violencia, exclusión social y segregación, internamiento ilegal o arbitrario, medicalización excesiva y tratamientos que no respeten su autonomía, voluntad y preferencias", siendo consciente de que "es necesario un mayor compromiso para hacer frente a todos los problemas pendientes en este ámbito".
Esta organización, en base a estas premisas, reafirma la obligación de los Estados de "promover y proteger todos los derechos humanos y las libertades fundamentales y de asegurarse de que las políticas y los servicios relacionados con la salud mental cumplan las normas internacionales de derechos humanos", reconociendo la necesidad de que "los Estados adopten medidas activas para integrar plenamente una perspectiva de derechos humanos en los servicios de salud mental y sociales, en particular con miras a eliminar todas las formas de violencia y discriminación en ese contexto, y para promover el derecho de toda persona a la plena inclusión y participación efectiva en la sociedad"
Por último, solicita al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que prepare un informe sobre la integración de una perspectiva de derechos humanos en la salud mental y sobre la realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con trastornos mentales o discapacidades psicosociales, incluidas las personas que utilizan los servicios de salud mental y sociales.
“En dicho informe, han de señalarse los problemas existentes y las buenas prácticas que vayan apareciendo, así como formular recomendaciones a ese respecto, además de apuntar formas de fortalecer la asistencia técnica y el fomento de la capacidad, teniendo en cuenta las actividades y experiencias existentes en esta esfera, en consulta con los Estados interesados y con su consentimiento”, prosigue la ONU.
