Las Cortes han aprobado la Ley sobre acción concertada para servicios sociales y sanitarios, que excluye a las entidades mercantiles de optar a nuevos conciertos en estas áreas. La Ley contempla "más obligaciones de transparencia" y "antepone la calidad al beneficio empresarial", según la socialista Pilimar Zamora. La Ponencia que ha estudiado este proyecto de ley ha estado coordinada por Pilimar Zamora, y también han formado parte de ella la diputada del PP Ana Marín; por Podemos, Amparo Bella; por el PAR, Elena Allué; por Ciudadanos, Desirée Pescador, y por el Grupo Mixto, Carmen Martínez (CHA).
El proyecto de ley sobre acción concertada para la prestación a las personas de servicios de carácter social y sanitario ha superado este jueves su último trámite parlamentario en la sesión plenaria de las Cortes celebrada de este jueves. De esta forma, ha quedado listo para su publicación en el próximo Boletín Oficial de Aragón y, con ello, su entrada en vigor. Tal como recoge su exposición de motivos que defiende el impulso de dicho texto, “se ha venido asimilando el régimen de los conciertos al propio de una determinada modalidad de contratos públicos” lo que, “en la práctica, ha dificultado que pudieran participar entidades del Tercer Sector sin ánimo de lucro”.
Cabe recordar que la tramitación de este texto como proyecto de ley surge tras la convalidación en Pleno del Decreto-ley del Ejecutivo remitido a la Cámara sobre eta materia. El hemiciclo, además de este visto bueno –tras una votación en la que se abstuvieron Podemos e IU-, abordó, a propuesta del PP, su tramitación como proyecto de ley, que salió adelante.
La coordinadora de la ponencia de esta Ley y diputada del PSOE, Pilimar Zamora, ha defendido que la Ley sobre acción concertada prioriza "los criterios de calidad a los económicos" en los contratos de servicios sociales y sanitarios, "porque, en definitiva, las personas son lo importante". Hasta este momento, "había un modelo uniforme [de concertación], que ha equiparado los servicios a las personas con la contratación en la compra de suministros, y donde las asociaciones competían con dificultades con las entidades mercantiles", ha criticado.
En este sentido, la Ley sobre acción concertada, ha aclarado la diputada socialista, "no excluye, sino que integra un modelo de gestión complementario", y que deja a las entidades mercantiles la posibilidad de acceder a contratos para la prestación de servicios de las administraciones por otra vía, mediante la "gestión indirecta" con las "fórmulas" que ofrece "la normativa sobre contratos del sector público".
Asimismo, el texto legislativo, compuesto por nueve artículos, fija principios generales de acción concertada, como la subsidiariedad, solidaridad, igualdad, publicidad, transparencia, no discriminación y eficiencia presupuestaria, e incorpora entre los diferentes criterios de selección de entidades "el arraigo de la persona en el entorno de atención" o "las buenas prácticas sociales".
No obstante, Pilimar Zamora ha lamentado que la Ley, que ha contado con el apoyo unánime de los grupos en el 70% de su contenido, "no haya sido de consenso".
Por su parte, la diputada del PP Ana Marín ha lamentado que la Ley "mantiene una discriminación que no es práctica", debido a la exclusión de las entidades mercantiles de la acción concertada. "No les voy a preguntar por los puestos de trabajo a los que va a afectar de manera negativa esta Ley, sino por cómo va a afectar a los usuarios y a la despoblación", ha remarcado Marín, antes de apuntar que "más de la mitad" de estas entidades "se encuentran fuera de las capitales de provincia".
Ciudadanos también ha criticado la nueva situación de las entidades mercantiles, en palabras de Desirée Pescador, que ha resaltado el "riesgo" de incluir la Directiva de la Unión Europea, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública, que permite abrir nuevas posibilidades respecto de la organización de los servicios a las personas, pero que todavía no ha sido traspuesta por el Gobierno central.
Sobre esta cuestión, la diputada socialista ha asegurado que "la jurisprudencia no observa discriminación, siempre que la prestación de servicios contribuya a una realidad social" y que, en en este sentido, se amplía a ámbitos sociales como la "educación permanente" para personas en riesgo de exclusión o con discapacidad.
VER DICTAMEN P.L. ACCION CONCERTADA
